El borrador del anteproyecto de ley quiere adaptar la Ley estatal de Costas de 1988 a la realidad del archipiélago, simplificar la gestión de un litoral donde se concentran la población y la actividad turística, y reforzar la seguridad jurídica. Incluye novedades relevantes para los servicios de playa, las actividades turísticas y la renovación de instalaciones en primera línea.
La vigente Ley de Costas española se aprobó en 1988 y, aunque el Tribunal Constitucional reconoció en su sentencia 149/1991 el principio de “concurrencia de títulos competenciales”, hasta hace poco casi ninguna comunidad autónoma había legislado sobre esta materia.
Para el Tribunal Constitucional, la titularidad estatal del dominio público no anula las competencias sectoriales de las comunidades autónomas, pero estas tampoco pueden vaciar de contenido la facultad de protección que corresponde al Estado, sobre todo en sus competencias exclusivas, como delimitar qué es playa o definir la zona marítimo-terrestre mediante los expedientes de deslinde. Así, el Estado controla el dominio público marítimo-terrestre (DPMT) con base en el artículo 149.1.20 de la Constitución, mientras que las comunidades autónomas actúan con base en sus competencias de ordenación del territorio y urbanismo (artículo 148.1.3 CE) y de ordenación del litoral que recogen sus Estatutos de Autonomía.
Cataluña fue la primera en legislar, con la Ley 8/2020, de protección y ordenación del litoral, y después llegó Galicia con la Ley 4/2023, de ordenación y gestión integrada del litoral, que el Tribunal Constitucional ha avalado casi en su totalidad. El resto de las comunidades costeras se rigen por la ley estatal, aunque varias de ellas han firmado manifiestos conjuntos para pedir más competencias de gestión y criterios de interpretación comunes, o bien una reforma de la ley estatal que la adapte a la realidad de cada territorio.
Canarias acaba de publicar su Anteproyecto de Ley de Costas, que está ahora en fase de información pública y que responde a la singularidad de las islas y a la defensa de sus asentamientos litorales.
El Gobierno canario se apoya en la competencia exclusiva sobre ordenación y gestión del litoral que le reconoce el Estatuto de Autonomía de 2018. El texto parte de un diagnóstico: el litoral canario tiene 1.526 kilómetros, pero es un espacio discontinuo formado por la costa de las ocho islas y de los islotes, en el que o en cuyo entorno vive el 80 % de la población y se concentran las principales actividades económicas, en particular las turísticas. El borrador se basa en tres principios: adaptar la norma estatal a la realidad insular, simplificar la regulación y dar seguridad jurídica.
El cambio más relevante para el sector turístico es que los antiguos servicios de temporada pasan a llamarse servicios de playa, porque en las islas estos servicios deben prestarse todo el año para combatir la estacionalidad. Cada ayuntamiento elaborará un proyecto de servicios de playa con una vigencia de cuatro años, en el que delimitará las zonas de ocio, limpieza, vigilancia y mantenimiento, y podrá añadir nuevos servicios compatibles sin revisar todo el proyecto. Los ayuntamientos también cobrarán los ingresos de su explotación, lo que puede dar lugar a destinos con niveles de servicio muy distintos según la capacidad de gestión de cada municipio.
En los tramos urbanos de playa se podrán autorizar terrazas vinculadas a restaurantes, estén estos dentro o fuera del dominio público, siempre que no impidan el paso ni el uso público del paseo marítimo. La ocupación tiene límites: debe quedar libre una franja mínima de 10 metros desde la línea de pleamar o de 6 metros si la playa no da para más, los tramos en explotación no podrán superar los 100 metros y los extremos de la playa quedarán siempre libres. Las actividades náuticas deportivas deberán respetar una franja libre de al menos 20 metros, reducible a 15 según la configuración de la playa, y usar canales balizados.
Por primera vez, los charcos y zonas de baño se reconocen como espacios distintos de las playas, con reglas propias, y podrán contar con aseos y puntos de venta de comida y bebida, entre otros servicios. Los embarcaderos de las excursiones marítimas turísticas también podrán habilitarse como zonas de baño, con la debida separación.
En los tramos urbanos se podrán autorizar eventos de interés general con repercusión turística, como los declarados de interés turístico o los eventos deportivos y culturales con proyección regional, nacional o internacional. En los tramos naturales, en cambio, solo se admitirán cuando el recurso natural impida celebrarlos en otro lugar, mientras que las producciones audiovisuales podrán autorizarse en ambos tipos de tramo.
Las olas y rompientes declaradas de interés insular tendrán una protección especial compatible con la práctica del surf y el windsurf, y los cabildos ordenarán las zonas de fondeo y buceo y gestionarán sus autorizaciones.
En la franja de protección, las obras, instalaciones y actividades turísticas se considerarán “convenientes” para el uso del dominio público cuando estén previstas en los instrumentos de ordenación. El texto aclara también conceptos que generaban dudas, como la inclusión de las piscinas o el minigolf entre las instalaciones deportivas descubiertas.
El borrador prevé un régimen especial de protección y ordenación para los núcleos costeros tradicionales, es decir, los conjuntos de edificaciones situados en el dominio público marítimo-terrestre o en sus zonas de servidumbre que tienen valor etnográfico, histórico, arquitectónico, cultural o pintoresco, o que están vinculados con actividades marítimas o pesqueras o con el disfrute de la costa.
El texto también reduce los trámites: cuando un proyecto necesite varios títulos de costas, podrán pedirse en una única solicitud y resolverse en un solo procedimiento. Para las obras en edificaciones legales que no aumenten su volumen, altura ni superficie bastará con una declaración responsable ante el ayuntamiento, algo relevante para renovar la planta alojativa de primera línea. Las autorizaciones y concesiones tendrán un plazo máximo de resolución de seis meses y, si la Administración no responde en ese plazo, se entenderán denegadas.
También se fijan nuevas obligaciones, como la prohibición de aparcar caravanas, autocaravanas y vehículos camperizados en el dominio público y sus servidumbres fuera de las zonas habilitadas. Además, todo instrumento de ordenación del litoral deberá prever los riesgos de la regresión costera y medidas de adaptación al cambio climático, y se crea un Foro del Litoral de carácter consultivo con participación de organizaciones económicas y sociales.
Por último, el anteproyecto regula la rehabilitación y regeneración de tramos de costa: cuando alguno esté muy transformado por la acción humana y degradado, permite pedir de forma justificada a la Administración General del Estado que modifique el deslinde y lo desafecte. Además, el Gobierno de Canarias podrá aprobar planes de ordenación de tramos del litoral, incluidas las playas, solo en tres casos: cuando considere insuficiente el planeamiento municipal, cuando haya playas continuas en distintos municipios que convenga ordenar de forma homogénea o cuando lo exijan la protección del litoral y el desarrollo sostenible para recuperar esos tramos.
Mientras se completa su tramitación y, en su caso, su aprobación definitiva, el anteproyecto aspira a mejorar la calidad de la oferta turística de sol y playa. Previsiblemente, concentrará la explotación intensiva en los tramos urbanos, que tendrán más herramientas para rentabilizarse, como las terrazas, los eventos o los servicios durante todo el año, y preservará los tramos naturales, con una explotación más limitada. También dará prioridad a la renovación frente al crecimiento, porque será más fácil modernizar lo existente que levantar nuevos volúmenes en primera línea.
En definitiva, el borrador busca un equilibrio entre el litoral como recurso natural y como soporte de la actividad económica.
